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REF.B
COD.002/.../00
Vivienda/
Proyecto:
VIVIENDA ILEGAL - LA CASA DE PEPE
Ciudad:
.../
Fecha:
2000
ESP/ENG/FRA/POR/ITA/DEU

TXT/



VIVIENDA ILEGAL - LA CASA DE PEPE

DESOBEDIENCIA CIVIL

 

La necesidad de ser ilegal.                                     

 

Un inmueble del casco antiguo está siendo ampliado de manera ilegal. Como promotor  de la idea y desarrollo del proyecto, pero libre de responsabilidades legales, que recaen exclusivamente en el propietario del inmueble afectado, por no existir proyecto visado en el Colegio Oficial de Arquitectos ni ningún tipo de licencia para la ejecución del mismo, quiero mostrar las razones que nos mueven a mi y a el propietario del inmueble para cometer semejante ilegalidad o acto de desobediencia civil.

 

 

La Legalidad.

 

El proceso legal para la construcción o modificación de un inmueble, es un proyecto arquitectónico visado y sus correspondientes licencias de obras.  La Gerencia de Urbanismo del municipio correspondiente revisa el proyecto y si lo ve correcto y totalmente acorde con las ordenanzas del Planeamiento  Urbanístico que está implantado en el municipio, permite su construcción concediendo las correspondientes licencias. Una vez terminado el inmueble deberá ser  inspeccionado por técnicos municipales para verificar el correcto desarrollo respecto al proyecto aprobado, y conceder la licencia de ocupación o cédula de habitabilidad.

 

 

El Problema.

 

Los problemas comienzan cuando son denegadas las licencias de obra por incumplimiento de algunos parámetros o aspectos de las citadas ordenanzas. En el caso del Casco Antiguo, el fin último y más importante de todas ellas es mantener en estado de parálisis  temporal el entorno urbano  y sus construcciones, limitando y definiendo concretamente la  fisonomía y aspectos visuales y funcionales de todo lo allí existente o por existir.

Las razones son lógicas; conservar unas señas de identidad que se estiman comunes a la ciudad, mediante un juicio y valoración histórica hecha y consensuada por los poderes políticos del momento y con el respaldo cultural y técnico de arquitectos, historiadores y personajes críticos en la definición y ordenación del hecho urbano.

Estas señas de identidad, que se quieren mantener intactas y que sirven de reclamo turístico, van convirtiendo parte de la ciudad en un organismo inmóvil y estéril; un parque temático habitable, una ciudad espectacularmente muerta. La  libertad con el que el ciudadano modificaba su propiedad y entorno es severamente limitada.

El mantenimiento obligado de ciertos colores en las fachadas, el uso exclusivo de materiales y soluciones constructivas, la conservación o reconstrucción según el orden impuesto o las limitaciones de uso de las propiedades inmobiliarias,  son las directrices necesarias para mantener la imagen que se entiende o supone aceptada por la gente que da vida a la ciudad.

Los mismos individuos que han ido creando los diferentes y particulares entornos comunitarios mantienen, paradójicamente,  el  derecho a cambiar su imagen física; peinados, tatuajes, prótesis diversas; ropa, coche, móvil etc,  e incluso a renunciar a sus convicciones  culturales e intelectuales tantas veces como una persona libre quiera.

Variable a través de los años, y por lo tanto razonablemente puesto en duda, el grado de proteccionismo establecido actualmente puede asumirse como servil a  las intenciones y necesidades de imagen que quiere dar los oscilantes representantes de los poderes  públicos de los ciudadanos.

 

 

La ilegalidad.

 

Si alguna vez nos planteamos la posibilidad de que nuestro ejercicio a la hora de construir o modificar una arquitectura puede entrar en conflicto con lo ordenado, y asumimos la desobediencia civil por motivos de necesidades espaciales, funcionales o intelectuales (necesidad de identidad personal o la  defensa de una manera determinada de vivir),  podemos hacer dos cosas: acudir a los proyectos  dobles ocultos, como me gusta llamarlos, o la ilegalidad absoluta por inexistencia de proyecto ni licencia, mi caso actual.

En el primer caso sucede que el proyecto que estimamos será aceptado, al primer o segundo intento, por la Gerencia y por el cual nos darán la licencia, tiene un proyecto doble oculto, que sólo conocen propietarios y constructores, y que da soluciones técnicas camufladas, para que  una vez inspeccionado y concedida la licencia de ocupación se pueda descubrir  la arquitectura oculta por medios casi inmediatos.

Una serie de ejemplos reales pueden seguir describiendo como razonablemente aceptable, la desobediencia civil practicada.

La  lógica necesidad de construir una cubrición ligera en una azotea como defensa al sol, para hacerla mínimamente habitable en una gran parte del año, y su calificación como ilegal por el planeamiento, obliga a construir ocultas bajo un regruesado de rasilla y escayola las placas de anclaje para la estructura metálica que se podrá montar y desmontar posteriormente.

El derecho a la intimidad y vivir realmente aislado de la calle, y la ilegalidad de dejar ciegas las fachadas, obliga a colocar dentro y fuera del hueco de la ventana, obligada y perfectamente acabada en carpintería de madera y coloreada correctamente,  unas contraventanas de hormigón  e ínfimo marco de acero inoxidable, para que una vez hecha la inspección técnica con ventanas relucientes y abiertas se procede al cerrado definitivo de la doble hoja de hormigón consiguiendo una vida volcada hacia el interior de la vivienda y el patio.

Un caso contrario y que evidencia las lógicas diferencias de los habitantes, es la de desear, un hueco que no es permitido, unas  veces por razones estéticas otras por necesidad funcional. El proceso es inverso; ventana acabada entre tabiques de cartónyeso o rasillas enfoscados y pintados, que será retirado una vez inspeccionado.

 

En el segundo, la ilegalidad absoluta, la pericia de los implicados es fundamental, porque el no tener ninguna licencia y hacer obras es complicado y arriesgado.

La necesidad de ampliación del espacio vital por diversas necesidades, según situaciones personales concretas,  obliga en nuestro caso a construir ilegalmente una habitación y cuarto de aseo en la azotea del inmueble, cosa muy generalizada y común en la ciudad antigua, obviando la limitación impuesta para hacer habitable dicho nivel.

 Subida de materiales por medios manuales no ruidosos, retirada de escombros en furgonetas en salidas nocturnas,  contenedores-señuelos en las inmediaciones con motivo de una Reforma-menor de otro inmueble vecino, almacenaje camuflado, y en casos más interesantes andamios-biombo que sirven para que, en plazos de ejecución cortísimos, desaparezca y vuelva a aparecer una fachada de un inmueble obligado a su conservación. Todas ellas operaciones realizadas por  especialistas en obras con camuflaje y ejecutadas con rapidez. Se suele utilizar de todas formas la figura de licencia de obra menor, sin proyecto técnico, para realizar auténticas obras de reforma y ampliación, para tener, en caso de visita desafortunada de alguna inspección, algún documento que evidencia cierta tendencia o predisposición  a la legalización de la obra en proceso.

 

 

La emancipación.

 

Creo argumentado suficientemente que ciertas Desobediencias Civiles son cometidas con cotidiana asiduidad, y que más allá de justificar la ilegalidad cometida en virtud al número de  Desobedientes existentes, quiero que aparezca una  duda razonable sobre la legitimidad de modificación de tu propiedad inmobiliaria como desarrollo legítimo de ciertas necesidades entendidas como vitales para el ciudadano.

Creo, además, que la evidencia del desarrollo de estas actividades ilegales describen unos impulsos liberadores que producen una emancipación, temporal, de las estructuras ordenadoras y limitadoras de la auténtica vida urbana. La alienación generalizada de los grupos humanos a una sociedad patéticamente acomodada, a todos los niveles, queda instantáneamente destrozada por aquellos que de manera subversiva cometen semejantes acciones, que más allá de producir cambios en las estructuras homologadoras y controladoras suponen un parodia crítica que evidencia las incapacidades  de las mismas para acotar la compleja realidad.

 

 

NOTA: Las imágenes han sido manipuladas, siendo borrado o modificado el entorno urbano inmediato, con el fin de evitar localizar el emplazamiento de la prótesis cuestionada.

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UNIDAD DE EJECUCIÓN

 

Un grupo de desobedientes civiles construyen una vivienda ilegal escondida y se autodenuncian, para promover un debate público mediatizado por ciertos canales de comunicación recuperados para la demanda ciudadana, y para sugerir soluciones no especulativas de acceso y construcción de vivienda a un precio asequible, replanteando, simultáneamente, la identidad de un centro histórico protegido por unas normativas que han terminado por acartonar el tejido edificado, al dañar los entramados sociales que le conferían identidad y garantizaban su funcionamiento interno. Incluye una valla de brezo para ocultar la obra ilegal sobre la azotea existente y una cuadrilla de albañiles especializados en trabajos ilegales para la ejecución de la fase de construcción "húmeda". Ésta consiste en: aumento de altura del pretil de cerramiento con un pie de ladrillo hueco, creación de suelo con tabiquillo y rasillón enfoscado a una cara para el desagüe de las aguas pluviales que afectan a la azotea, montaje de un cuarto de baño (con ducha de 80 x 80 cm, gresite, inodoro y lavabo) y enfoscado de los paramentos. Tras la fase húmeda, la instalación de la estructura y los paramentos ligeros se continúa mediante autoconstrucción, con la ayuda de amigos que reciclan los materiales estructurales y de cerramiento de las prótesis de SU 05 y SU 08. Prevé cubrimiento final con onda de fibrocemento para camuflaje aéreo.

 

Sujeto > Ciudadano

Colaboradores > Pepe, Antonio, amigos y grupo de albañiles ilegales

Materiales > Restos de la A005, ladrillo, mortero, sanitarios, brezo, fibrocemento

Descripción > Vivienda para 2 personas

Superficie > 22 m2 de vivienda y una terraza de 13,5 m2

 

 

 

ANTECEDENTES

Artículo 47

 

El artículo 47 de la Constitución Española contempla el derecho de los ciudadanos a una vivienda digna y responsabiliza a las instituciones públicas de velar por su cumplimiento. La legislación española también contempla que los ciudadanos han de disponer de un "entorno idóneo" para desarrollarse y ser partícipes de la sociedad en la que viven. Pepe, un joven que residía en el centro de Sevilla, quería independizarse de la casa familiar, pero sus escasos ingresos se lo impedían. Animado por un grupo de amigos, decidió autoconstruirse una vivienda en su barrio natal. Juntos buscaron una azotea donde poder ubicarla sin que se viera desde la calle, ya que se trataría de una vivienda ilegal. Acordaron que una vez acabada la obra se autodenunciarían, pues el objetivo no consistía solamente en construir una vivienda, sino en señalar también un problema social.

 

 

 

ESTRATEGIA Y PROCESO

Autodenunciarse

 

Pepe y su amigo colocaron una valla de brezo en una azotea para ocultar las obras que iban a efectuar y, aprovechando la falta de visibilidad de una noche de lluvia, subieron los materiales necesarios para la obra. Para ejecutar la base de la casa y las zonas húmedas se contrató a un grupo de albañiles con experiencia en obras ilegales, pues éstas son frecuentes en la ciudad. Los jóvenes acometieron el resto de los trabajos, aprovechando el material que el año anterior sirvió como andamio (ver SU 05). La construcción se remató con una placa de fibrocemento (uralita), para que en las periódicas fotos aéreas de la ciudad que realiza la Gerencia de Urbanismo, la vivienda pareciera un lavadero o instalación auxiliar, que sí están permitidas.

 

Una vez acabadas las obras, se interpuso una denuncia acompañada de fotos retocadas que mostraban la casa pero no el "skyline" circundante, imposibilitando su localización. El texto explicaba los motivos que habían llevado a tomar esta decisión y la paradoja que suponía que un ciudadano tuviera que recurrir a una construcción ilegal para poder seguir viviendo en su "entorno idóneo". También incluía una renuncia a la consolidación de la vivienda, puesto que había sido construida para cubrir una necesidad temporal, sin ánimo de crear una nueva propiedad privada. El texto quería evidenciar que el problema de la ciudad no es la construcción ilegal, sino las causas que conducen a adoptar este tipo de solución, y marcar la diferencia entre la necesidad y el ánimo de lucro.

 

La denuncia y las fotos se enviaron a la Gerencia de Urbanismo para dejar constancia de la situación. Se remitió también una copia a la prensa local, que al publicarse generó un debate acerca del precio de la vivienda y de cómo las construcciones temporales en las azoteas podrían ayudar a resolver este problema.

 

 

 

EVALUACIÓN

Plan Urban

 

Entre los años 1996 y 2000, se desarrolló la primera etapa del Plan Urban de Sevilla, dentro del programa de la Comisión Europea para la rehabilitación de barrios degradados social y urbanísticamente. Esta iniciativa europea prohíbe explícitamente que el presupuesto se dedique a la rehabilitación de casas particulares, por lo que no se habría podido emplear en la construcción de viviendas para personas como Pepe. Las ayudas se destinaron en su mayoría a la rehabilitación del Palacio de los Condes de Algaba en La Alameda para crear un centro social; un equipamiento necesario, pero que no ayudaba directamente ni a corto plazo a los habitantes del barrio. Contrariamente, la mejora del barrio sirvió para acelerar el proceso de "gentrificación". Enfrentándose a este proceso, la acción del grupo de desobedientes civiles sirvió para que Pepe no tuviera que irse del barrio en el que había nacido.

 

En una ciudad compacta y con una población de recursos económicos limitados, se podría trabajar con la idea de una arquitectura sin propiedad y densificar el tejido urbano temporalmente. Se podría plantear la instalación de vivienda temporal asequible en las azoteas para arrendarla por periodos limitados a gente joven, pensando en un alquiler que revirtiera en la comunidad de vecinos, permitiendo pagar rehabilitaciones de la finca, fachada, etc... Para que esto fuera efectivo, cabría definir este tipo de construcciones como una arquitectura no especulativa y, por tanto, destinada a desaparecer. Podría crearse una comisión de técnicos encargados de la gestión de viviendas temporales, que arbitraran estos procesos, asegurándose de que se firman contratos temporales para evitar que se convirtieran en un nuevo mecanismo especulativo o de consolidación de nuevas edificaciones.

 

Actualmente el ciudadano ofrece de forma gratuita asesoramiento arquitectónico y legal para el montaje de viviendas temporales en azoteas.

 
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